Legalismo, continuismo y el fallido intento constitucional de 1892

Por Sandor Alejandro Gerendas-Kiss
Publicado el 18 de mayo de 2017

 

Legalismo continuismo y el fallido intento constitucional de 1892 Articulo de Sandor alejandro Gerendas-Kiss 13Mayo2017Venezuela, en su historia republicana ha estrenado 26 constituciones. Algunos consideran como nuestra primera Carta Magna el Acta de Independencia del 5 de julio de 1811 y la segunda la Constitución de la Gran Colombia de 1821, ambas incluidas entre las 26, dentro de las cuales se contabilizan algunas que apenas sufrieron ligeras modificaciones. Por esta razón, hay quienes sostienen que pueden considerarse unos siete u ocho documentos fundamentales con modificaciones sustanciales. La Constitución de 1830, la tercera, reviste gran importancia y significado, puesto que es con ella, tras la fractura de la Gran Colombia, que Venezuela eclosiona e inicia su vida independiente y republicana. Cualquiera que haya sido el número de nuestras constituciones, sabemos que en la mayoría de los casos, de las que obviamente se salvan las tres primeras, han sido modificadas por los gobiernos de turno como especie de traje “Pret-A-Porter”, hecho a la medida de su conveniencia y las circunstancias, pero en especial para atornillarse a la silla presidencial más allá del tiempo que la constitución establecía al momento de asumir el magno cargo. Algo que nos es muy familiar a los venezolanos, ya que en estos últimos 18 años se ha extendido la duración del plazo presidencial, se estableció la relección inmediata y luego se instauró la reelección indefinida. Casi nada.

Hoy traemos a colación los sucesos que se desencadenaron en el gobierno de Raimundo Andueza Palacio, en 1892, a raíz de que el régimen actual, en 2017, quiere imponernos, contra viento y marea, una constituyente que no cumple con lo dispuesto en la Constitución ni con la legalidad vigente, tal como ocurrió hace un siglo y cuarto. Pues bien, luego de que el presidente del bienio anterior, Juan Pablo Rojas Paúl, terminara su período, el Consejo Federal eligió a Andueza Palacio como nuevo presidente del país para 1890-1893. Rojas Paúl pensaba que el elegido sería un sumiso que le devolvería el “coroto” en dos años, pero no contaba que su exministro de Relaciones Interiores le resultaría tal criada respondona. En el acto de investidura, en su discurso inaugural, Andueza se declaraba demócrata de convicciones y anunciaba que su gabinete estaría conformado por una mayoría de civiles y apenas dos militares. Es “el triunfo del civilismo” expresaba con orgullo, para despejar dudas tras aquel prolongado siglo XIX que ya languidecía, rellenado casi en su totalidad por militares que se las arreglaban para mantenerse largo tiempo en el poder, además de ser el escenario de dos largas y sangrientas guerras, como la que selló nuestra Independencia y la Federal, que entre ambas consumieron casi la cuarta parte del siglo.

Cuando asume Andueza se respira un aire mezcla de libertad de expresión y bonanza económica en el país, consecuencia del alza del precio del café, rubro estrella de nuestros despachos al exterior. Durante su primer año económico, las exportaciones superan por primera vez los cien millones de bolívares y el presupuesto los cincuenta millones. Este clima de euforia es el que prevalece durante los primeros meses de su gobierno. Sin embargo, desde los inicios, el asunto de la reforma constitucional, que se venía ventilando desde tiempos de Rojas Paúl, vuelve a tomar fuelle y se convierte en una de las primeras crisis del régimen. El presidente muestra sus dientes nombrando a Sebastián Casañas como su hombre de confianza y figura principal de su gabinete, a quien pronto comienzan a apodar como Bismarck, por su férreo carácter, tal como el del político alemán Otto van Bismark, apodado el Canciller de Hierro, en los últimos años del siglo XIX. Al ver frustrado su propósito de controlar a Andueza, Rojas Paúl resuelve exiliarse en La Habana, apenas cinco meses tras la elección. Luego de varias discusiones, que trascienden al propósito de este breve artículo, se presenta un segundo proyecto el 25 de junio de 1891, que incluye cambios importantes como es la vuelta a la división territorial de veinte estados, el sufragio universal directo y secreto, la representación proporcional de las minorías en los cuerpos deliberantes, entre otros, y la duplicación del período presidencial de dos a cuatro años, fin principal perseguido por Andueza y desencadenante de los sucesos que pronto habrían de venir.

La reforma, en su versión total, sólo podía ser aprobada por una asamblea constituyente, decidida por las dos terceras partes del Congreso y por los dos tercios de las asambleas legislativas de los estados. Estos últimos, en su totalidad, dieron su aprobación al proyecto, pero al aproximarse la fecha de la reunión del nuevo Congreso, que ya bordeaba el fin del bienio, Andueza se apercibió de que carecía de los números necesarios para llevar a cabo su propósito. Un traspié de última hora, a pesar de haber instaurado una política sistemática de ayudas y dádivas, apoyada en la bonaza económica, no logró acallar la oposición, que lo acusó de intentar permanecer en el poder más del tiempo permitido por la Ley. Los legisladores estaban divididos en dos facciones: los continuistas, partidarios de Andueza, se inclinaban por la puesta en vigencia inmediata de la reforma, y los legalistas, con Rojas Paúl, ya de regreso al país, como uno de los principales exponentes de quienes defendían la entrada en vigencia de la reforma solo a partir de 1894. Así las cosas, quedaba abierta la confrontación y se iban calentando los ánimos. El Ejecutivo se propuso sabotear la reunión del Congreso, al tanto que Andueza lanzaba un manifiesto al país, apoyándose en la aprobación de las asambleas legislativas estatales, y de esta manera proclamar la vigencia inmediata de la reforma constitucional, desconociendo de hecho el poder del Congreso Nacional, de modo que el golpe de Estado quedaba consumado, aumentando el fuego que no tardaría en prender la contienda armada.

La facción opositora bautizó la confrontación como la Revolución Legalista, comandada por Joaquín Crespo, retirado desde principios de 1892, quien le declara la guerra al gobierno en nombre del legalismo, y la insurrección se extiende por todo el país. Como respuesta, Andueza designa a Casañas su ministro y consejero y tocará al Bismark criollo asumir la jefatura del ejército, con el encargo de someter el alzamiento. El primer contacto entre ambas facciones ocurre en las orillas del río Apure, pero las fuerzas gubernamentales no logran dispersar la insurrección, y en vista de ello el Canciller de Hierro regresa a Caracas, donde es destituido del mando del ejército. Tras las presiones de varios de sus ministros y las violentas manifestaciones en las calles de Caracas, la situación se hace insostenible y Andueza se ve obligado a renunciar a la presidencia, el 17 de junio de 1892, y se dirige a Martinica, dejando encargado del poder ejecutivo al consejero federal Guillermo Tell Villegas.

Aunque la mayor parte de esta historia remite la imaginación a nuestra actual situación, la gran diferencia radica en que ahora no existen dos facciones armadas como en tiempos de Andueza, sino una sola, que es la del gobierno y las diversas fuerzas que lo respaldan, con lo cual la confrontación es marcadamente asimétrica. La oposición hace lo que puede contando con la ventaja numérica, cosa nada despreciable, la cual irá en ascenso si no se percibe una intención rápida de resolver los problemas. Además, no está dispuesta a seguir soportando esta crisis de múltiples cabezas. Cuando Andueza, vimos que había una bonanza económica, escenario donde todo era más sencillo. Pero en nuestra actualidad, si no hay dinero para pan ni medicinas, es de intuir que las arcas de la nación están llegando a cero. Cabe preguntar: ¿Cuánto tiempo falta para quedarnos sin gasolina, electricidad, telefonía móvil e Internet? ¿Cuánto tiempo puede permanecer un gobierno en estas condiciones?

El régimen, como ya hemos dicho en otras oportunidades, tiene una lectura errada de la situación y gasta los pocos dólares de las reservas internacionales en importar gases nocivos y pertrechos militares para mantenerse en el poder, en vez de utilizarlas para paliar las necesidades básicas de la población. Como si esto fuera poco, no se reconoce que existe una crisis humanitaria y se rechazan o devuelven las ayudas que llegan del exterior, exasperando más a la gente. Alguien del propio gobierno debería convencer al ejecutivo para que permita que las válvulas de escape hagan su trabajo, si no lo hace el descontento va camino a desbordarse.

El remedio no está en suspender garantías, militarizar el país o cerrar fronteras. Con ello no aparecerán los productos básicos ni disminuirá la inflación. El enemigo más peligroso no es una oposición desarmada. Los enemigos verdaderos son el hambre, la enfermedad, la escasez, la hiperinflación y las distorsiones macroeconómicas.

Bajo esta perspectiva, nuestra actual situación es diferente a la de hace 125 años, pero se vislumbra un final parecido.

 

 

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